Autora: Valeria Méndez de Vigo (fuente: Cristianismo y Justicia). El término posverdad ha sido la palabra del año 2016 según el diario norteamericano The Time y se refiere a la situación en la cual, a la hora de crear y moldear a la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Como ya se ha señalado por diversos autores[1], la posverdad está a la orden del día en relación con las personas refugiadas. Algunos ejemplos:
“Crisis de refugiados, crisis humanitaria”. Se ha generalizado el término “crisis de refugiados”. Parece como si achacáramos la crisis a las propias personas refugiadas. Les traslada el problema, en definitiva, “su” problema. Pero la realidad es que la crisis es más bien de valores en el seno de la Unión Europea que deliberadamente prefiere ignorar los derechos y el sufrimiento de millones de personas que se ven obligadas a huir de su país por conflictos armados. Esta crisis que tiene diferentes vertientes -de valores, de inacción, de liderazgo- tiene el peligro de hacer que la ciudadanía la perciba como algo ingobernable, cuya gestión es poco menos que imposible, cosa que no es cierta.
“Invasión, oleada a Europa”. Esta va muy ligada a la anterior y a la sensación de ingobernabilidad. No debemos cansarnos de repetir que no hay una invasión ni una oleada de refugiados a Europa. A Europa -el continente más rico del mundo con 500 millones de personas- han llegado algo más de un millón de personas. Es una cifra significativa, pero no tanto si tenemos en cuenta que en el mundo hay 65 millones de personas desplazadas forzosas -de las que cerca de 22 millones atraviesan sus fronteras- y que el 86% de las personas refugiadas se encuentra en los países colindantes a los conflictos. Según Naciones Unidas, los diez países del mundo con mayor número de población refugiada son, por este orden: Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Uganda, República Democrática del Congo y Chad, ningún país europeo entre ellos.
“Suponen una amenaza para nuestra seguridad. Pueden infiltrarse terroristas o criminales”. Desafortunadamente, esta percepción en el imaginario colectivo, espoleada por liderazgos nacionalistas y populistas y se ha acrecentado en el último año. Los atentados terroristas de París, Bruselas, Niza, o Berlín y otros terribles incidentes- algunos de los cuales aparecen fugazmente en medios de comunicación sin que haya seguimiento, sin que se desvele finalmente si eran o no probados han contribuido a aumentar esta percepción. La confusión en muchos casos en los medios de comunicación y por representantes políticos ha sido deliberada. Tras el último atentado en Berlín, algunos representantes políticos se apresuraron a culpabilizar a la canciller Merkel y sus políticas de acogida.
Lo primero que hay que recordar es que los refugiados, precisamente ellos, son las primeras víctimas del terror, del que se ven obligados a huir. También hay que decir que el fenómeno del terrorismo es anterior al flujo de personas refugiadas. Daesh, desafortunadamente, está ya en Europa y tiene otros métodos de reclutamiento de jóvenes radicalizados y vulnerables por factores como la marginación social, el sentimiento de discriminación u otros que nada tienen que ver con la acogida de refugiados.
Lo que quieren los terroristas es suscitar miedo, que se culpabilice a otros y polarizar y dividir a las sociedades. Si echamos por tierra nuestros valores y principios y vulneramos derechos -también de los refugiados-, los terroristas habrán conseguido sus propósitos.
Consignas y discursos simplificadores como “La solidaridad no se puede imponer”, o “Llévatelos a tu casa”, que es una variante del “no tenemos obligación de acogerlos como Estados y traslado el problema a la iniciativa individual”, no ayudan. Yo no sé si la solidaridad se puede imponer, pero sí sé que el derecho y la ley están para cumplirse. Y aquí hablamos de derecho, en concreto, del derecho de asilo, recogido en las convenciones internacionales y en la legislación internacional, también en la española, que nosotros mismos nos hemos impuesto y que, en consecuencia, debe cumplirse por parte de los Estados, que son los garantes de los derechos mediante la puesta en marcha de las correspondientes políticas. Esto no es óbice para que la ciudadanía ponga en marcha sus propias iniciativas -y los Estados deben facilitarla- y yo conozco a mucha gente (jóvenes, familias y comunidades religiosas) que ha acogido a personas refugiadas en sus casas. Son iniciativas esenciales para mostrar la implicación y el compromiso de la ciudadanía, pero no para suplir la responsabilidad del estado ni las políticas públicas de acogida.
“Llevamos a cabo políticas restrictivas para luchar contra las mafias”. Luchar contra las mafias que se lucran a costa de personas desesperadas es un imperativo legal y moral. En el mes de julio tuve ocasión de ver una muestra de su crueldad. En un pueblecito en la isla de Lesbos, voluntarios de la organización The Lighthouse, que tenían un campamento justo al lado de la playa, me mostraron varios chalecos salvavidas rellenos de materiales que no flotan en el agua. Por aumentar todavía más sus beneficios en unos pocos dólares, las mafias embarcan a los refugiados con estos chalecos “salvavidas” que impiden que tengan posibilidad alguna de salvarse en caso de naufragio. Me pareció escalofriante, de una crueldad sin límites.
En la suscripción del acuerdo de la Unión Europea y Turquía, así como en numerosas ocasiones, el cierre de fronteras o la devolución de personas refugiadas y migrantes viene seguido de declaraciones grandilocuentes de nuestros representantes políticos sobre su principal motivación: luchar contra las mafias. Pero no se actúa contra las mafias castigando a los refugiados. De hecho, como todos sabemos -y ahí radica la inmensa hipocresía- cada vez que se cierra una ruta, se abren otras más peligrosas, arriesgadas y con mayor lucro para las mafias. Prueba de ello son las 5.000 muertes en el Mediterráneo en 2016 frente a las 3.771 ocurridas en 2015. Si realmente se quiere luchar contra las mafias y actuar a favor de los refugiados, hay que abrir vías legales y seguras, lo que haría que los refugiados no tuvieran que acudir a las mafias como única manera de huir y de llegar a otros destinos.
Todos estos mitos, en muchos casos planteados o agrandados desde sectores mediáticos y políticos, contribuyen a la criminalización de las personas refugiadas y a la creación de un clima de hostilidad hacia ellas, con base en el miedo al diferente. Vulneran los derechos de las personas refugiadas, acrecientan los nacionalismos y los extremismos y, finalmente, deshumanizan a las propias sociedades. La Jornada Mundial sobre Migraciones, que se celebró el pasado 15 de enero, nos brinda una oportunidad para desmontar estos mitos y contrarrestarlos con datos, argumentos y otros discursos y narrativas, de modo que no los califiquemos como posverdad o, más directamente, como falacia. Frente a la cultura de la hostilidad, urge contraponer la cultura de la hospitalidad y la acogida, brindando protección y salvaguardando los derechos de las personas refugiadas. Sólo así podremos construir un mundo más justo, sostenible y pacífico para todas las personas.
***
[1] Siegfried, Kristy https://www.irinnews.org/authors/kristy-siegfried
- Un llamado a la fidelidad bíblica en medio del nuevo fascismo - 13/02/2017
- Los refugiados en tiempos de la posverdad - 01/02/2017
- Por un acto de Estado a la altura del momento actual - 26/04/2015
