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Posted on 09/06/2026 by Juan G. Biedma  in  Opinión, portada

Misión, libertad religiosa y sospecha sectaria | Juan Biedma

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La reciente polémica sobre predicadores evangélicos en el Metro de Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja dificultad española: aceptar que la libertad religiosa no consiste solo en tolerar creencias privadas, sino también en permitir su expresión pública cuando esta se realiza sin coacción, sin abuso y dentro de la legalidad. El problema no es menor, porque ciertos tratamientos periodísticos y políticos han pasado con demasiada rapidez de una cuestión legítima —la convivencia en espacios de transporte— a una sospecha global sobre el mundo evangélico, especialmente pentecostal o neopentecostal.

Conviene decirlo desde el principio: no toda forma de predicación pública es defendible. Una evangelización que grita, persigue, acorrala, manipula emocionalmente, anuncia curaciones sin responsabilidad, explota la angustia o convierte la pobreza en mercado espiritual debe ser corregida. También merecen discernimiento crítico la teología de la prosperidad, los liderazgos religiosos opacos, las economías eclesiales sin transparencia y las conexiones entre religión y proyectos políticos autoritarios. Cuando la misión deja de ser anuncio humilde del Evangelio y se convierte en estrategia de captación, dominio, lucro o propaganda ideológica, ya no sirve al Reino de Dios, sino a intereses humanos que parasitan el nombre de Cristo.

Ahora bien, una cosa es criticar abusos concretos y otra muy distinta convertirlos en medida de todo el protestantismo evangélico. Que existan grupos evangélicos vinculados a la derecha religiosa norteamericana, al trumpismo, a la teología de la prosperidad o a doctrinas heterodoxas no autoriza a leer toda presencia evangélica pública bajo esa clave de sospecha. También existen catolicismos integristas, nacionalcatólicos, ultramontanos o reaccionarios, además de movimientos católicos dotados de prestigio, influencia y poder que han sido señalados por sus derivas sectarias, sus dinámicas de control espiritual o incluso sus abusos de conciencia. Nadie con un mínimo de rigor debería deducir de esas expresiones la totalidad del catolicismo romano. Del mismo modo, resulta inadmisible presentar al conjunto del mundo evangélico como sospechoso por la existencia de sectores extremos, desviados o ideológicamente capturados.

La cuestión de fondo es otra: ¿qué entendemos por misión? Si la misión cristiana queda reducida al culto interno, al templo, a la liturgia autorizada o al lenguaje socialmente domesticado, entonces ya no hablamos de misión, sino de religión confinada. La misión cristiana, desde sus orígenes, fue pública, itinerante, testimonial y personal. Jesús anuncia el Reino en caminos, casas, aldeas y plazas. Pablo razona en sinagogas, mercados y espacios urbanos. En Atenas, se acerca al Ágora y al Areópago, dialoga con quienes encuentra y anuncia al Dios desconocido tomando como punto de partida una referencia religiosa presente en la ciudad. Su gesto pudo parecer incómodo, pero no fue coacción, sino testimonio público, razonado y respetuoso.

Por eso es necesario distinguir misión y proselitismo abusivo. La misión propone; el abuso captura. La misión respeta la conciencia; el abuso la invade. La misión deja abierta la libertad del oyente; el abuso necesita dependencia. La misión se sostiene en el testimonio; el abuso se alimenta del miedo, de la promesa de éxito o de la autoridad incuestionable del líder. Esta distinción ha sido subrayada en documentos del Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial y el Movimiento de Lausana, que han insistido en un testimonio cristiano ejercido con integridad, humildad, respeto a la libertad de conciencia y rechazo de toda forma indigna de evangelización.

El derecho español tampoco protege solo la creencia interior. la Constitución Española reconoce la libertad religiosa y de culto, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa incluye la manifestación pública, comunitaria y comunicativa de la fe. Por tanto, el debate no puede resolverse con la frase simplista de que «la religión debe quedar en el ámbito privado». Aplicada con coherencia, esa afirmación vaciaría de contenido buena parte de la libertad religiosa democrática.

Además, la historia española obliga a una especial prudencia. El protestantismo evangélico no ha disfrutado históricamente de una presencia pública pacífica y reconocida. Durante décadas padeció restricciones, cierres de templos, vigilancia, sospecha social, exclusión administrativa y marginación cultural. La Comisión de Defensa Evangélica nació en 1956, en pleno nacionalcatolicismo, para defender jurídicamente al colectivo protestante frente a un régimen confesional que restringía severamente la libertad religiosa. Otros estudios han mostrado la lamentable situación del protestantismo español desde la Reforma hasta la Transición: un larguísimo período marcado por muertos, exiliados, represaliados, perseguidos y condenados social y religiosamente. Ese saldo histórico no puede banalizarse.

La asimetría se vuelve más visible cuando se compara la sospecha sobre la predicación evangélica con la naturalidad con que se acepta la ocupación católica del espacio público. Las visitas papales a España han sido, con frecuencia, enormes operaciones de presencia religiosa, simbólica, mediática e institucional: celebraciones multitudinarias, cartelería, campañas en redes, cobertura permanente, despliegues audiovisuales y colaboración de poderes públicos, sociales y económicos. Ante todo ello, la prensa religiosa española rara vez se rasga las vestiduras. El problema no es que el catolicismo tenga derecho a expresarse públicamente; lo tiene. La cuestión es por qué determinados despliegues católicos son asumidos como cultura, tradición o acontecimiento social legítimo, mientras ciertas iniciativas evangélicas son leídas de inmediato bajo sospecha de invasión, captación o perturbación del espacio común.

También se toleran socialmente otras formas de interpelación pública: campañas políticas, captadores de organizaciones no gubernamentales, iniciativas comerciales, propaganda institucional o acciones de marketing directo en calles, plazas y transportes. Algunas son insistentes, invasivas o molestas. Sin embargo, rara vez provocan la misma alarma cuando su contenido no es religioso. La pregunta resulta inevitable: ¿lo que incomoda es realmente la interrupción del paso, o que el contenido de esa interpelación sea religioso, evangélico y no católico?

El ecumenismo español no puede permitirse una mirada de sospecha selectiva. Reconocer al otro como sujeto eclesial real implica aceptar su historia, su espiritualidad, sus lenguajes, sus excesos corregibles y sus derechos. La misión cristiana no puede ser monopolio romano. Tampoco puede convertirse en patrimonio de grupos ruidosos, emocionalistas o políticamente capturados. Pertenece al Dios trinitario y se verifica en la libertad, el testimonio, el servicio y la verdad.

En este punto, el discernimiento ecuménico resulta imprescindible. No toda incomodidad social ante la predicación pública constituye persecución religiosa, pero tampoco toda molestia ciudadana autoriza a levantar sospechas confesionales. Una sociedad madura debe distinguir entre regulación razonable del espacio común y censura encubierta de la fe minoritaria. Del mismo modo, las iglesias evangélicas necesitan revisar sus propias prácticas misioneras, evitando métodos invasivos, emocionalmente abusivos o teológicamente empobrecidos. La libertad religiosa no exime de responsabilidad pastoral; y la responsabilidad pastoral no puede ser utilizada como excusa para restringir derechos fundamentales.

El criterio final debería ser sencillo: donde hay coacción, abuso, manipulación o explotación, debe haber denuncia. Donde hay anuncio libre, respetuoso y no invasivo, debe haber protección. Y donde una confesión mayoritaria disfruta de todos los parabienes institucionales para expresarse públicamente, las demás iglesias no pueden ser reducidas a sospecha, contradicción o estigma. La libertad religiosa no se mide por la comodidad que concede a la mayoría, sino por el espacio real que garantiza a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a callar.

 

Juan G. Biedma

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