Hay conmemoraciones que se limitan a celebrar una fecha. Otras, en cambio, obligan a pensar. La evocación de los 70 años de la Comisión de Defensa Evangélica (CDE) y de los cuarenta de la constitución de FEREDE pertenece a esta segunda clase. No basta aquí con recordar una efeméride, ni con enumerar nombres, cargos o acontecimientos. Lo decisivo es preguntarse qué se conmemora realmente y qué significado tiene hoy esa memoria.
Estas reflexiones anticipan algunas de las claves de un libro actualmente en preparación sobre los 70 años de resistencia evangélica en España, encarnada en la Comisión de Defensa Evangélica (CDE), y los 40 de diaconía articulados a través del servicio de FEREDE, y con el sugerente título de 70 años de resistencia evangélica en España y 40 años de diakonía. Historia crítica de la Comisión de Defensa Evangélica y la FEREDE.
No se trata de una simple crónica institucional, sino de una lectura crítica de la libertad religiosa en nuestro país, de sus conquistas y también de sus límites. Al mismo tiempo, el libro quiere ser un homenaje sincero y agradecido a los creyentes evangélicos que nos precedieron, muchos de los cuales hubieron de vivir su fe en condiciones de hostilidad, marginados por gobiernos que los relegaban con dureza y por un catolicismo dominante que se mostraba dominante, altivo e intolerante. Su resistencia no se sostuvo en el poder ni en el privilegio, sino en aquellas armas espirituales que el apóstol Pablo pone en manos del creyente.
Durante décadas, la historia del protestantismo español fue contemplada como un episodio lateral, casi anecdótico, dentro del relato general del país. Se la presentó a veces como rareza confesional, a veces como supervivencia minoritaria, a veces como un asunto estrictamente interno de las iglesias evangélicas. Pero esa mirada reduce y empobrece la realidad. La historia evangélica en España forma parte de la historia nacional, y el itinerario que conduce desde la Comisión de Defensa Evangélica hasta FEREDE no es una simple evolución organizativa: es la historia de una minoría que tuvo que aprender a resistir, a coordinarse, a representarse públicamente y a reclamar derechos que para otros venían dados por inercia histórica.
Ese es, precisamente, uno de los ejes del libro. La libertad religiosa en España no cayó del cielo ni fue una concesión benévola del poder. Fue el resultado de una perseverancia larga, discreta muchas veces, dolorosa no pocas, sostenida por comunidades, pastores, juristas, escritores y creyentes anónimos que se negaron a aceptar la invisibilidad como destino.
La desigualdad confesional no fue en España un accidente menor, sino una estructura de larga duración. Durante buena parte del siglo XX, el país vivió bajo un modelo en el que una confesión religiosa ocupaba el centro simbólico, jurídico y cultural, mientras las demás eran toleradas con dificultad, administradas con recelo o directamente perseguidas. En ese contexto, ser protestante no significaba solo profesar una fe distinta. Significaba vivir en una posición de fragilidad pública. Abrir un local de culto, imprimir literatura religiosa, anunciar reuniones, educar a los hijos en la propia fe o simplemente hacerse visible podía convertirse en un conflicto administrativo, policial o vecinal.
Por eso la Comisión, nacida en 1956, no fue una oficina de trámites ni una plataforma burocrática. Fue la respuesta organizada a una intemperie histórica. Surgió cuando la dispersión ya no bastaba, cuando la queja aislada se perdía en el vacío, y cuando se hizo evidente que una minoría sin voz común quedaba condenada a una indefensión permanente. La CDE fue, en ese sentido, una forma de aprendizaje cívico en un tiempo de ciudadanía desigual. Significó que los evangélicos españoles dejaban de comparecer solo como individuos o como comunidades sueltas y comenzaban a actuar como sujeto capaz de interlocución, de denuncia y de memoria.
La importancia de aquella institución no reside solo en sus gestiones ante la Administración, sino en lo que simbolizó: el paso de la resignación a la articulación pública. La defensa evangélica no se limitó a pedir tolerancia y permisividad. Fue aprendiendo a reclamar derechos. Y ese tránsito, aparentemente jurídico, tenía en realidad una densidad moral mucho mayor. La cuestión no era únicamente si se podía abrir un templo o registrar una Iglesia, sino si una sociedad confesional era capaz de reconocer como plenamente dignos a quienes creían de otro modo.
La historia que va de la CDE a FEREDE permite ver, además, que el camino no fue lineal. No hubo un paso limpio desde la persecución a la igualdad. Hubo avances, retrocesos, negociaciones, decepciones y conflictos internos. La Ley de 1967 abrió una rendija, pero no instauró una libertad religiosa plena. La transición democrática supuso un cambio decisivo, pero no eliminó por sí sola las inercias del pasado. Los acuerdos posteriores consolidaron un marco jurídico nuevo, pero tampoco resolvieron automáticamente todas las asimetrías. Entre el reconocimiento legal y la igualdad real siguió existiendo una distancia que todavía hoy no ha desaparecido del todo.
Ahí aparece una de las claves más fecundas de esta historia: la distinción entre igualdad formal e igualdad efectiva. España ha recorrido un largo trecho desde la represión abierta hasta el reconocimiento jurídico de la pluralidad religiosa. Nadie sensato negaría ese avance. Pero otra cosa es afirmar que la igualdad haya alcanzado una plena traducción práctica. Persisten inercias, desequilibrios, reflejos de privilegio histórico y resistencias culturales que afectan de modo particular a las minorías religiosas. Dicho con claridad: el problema ya no es el mismo que hace setenta años, pero no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma.
Por eso este libro rehúye la tentación del triunfalismo. Y ahí reside uno de sus mayores aciertos. La conmemoración, en este caso, no debe ser una operación de autopromoción institucional. Conmemorar no puede equivaler a felicitarse sin examen. Debe significar, al menos, tres cosas. En primer lugar, reconocer el sufrimiento, la fidelidad y la resistencia de quienes hicieron posible los espacios de libertad hoy existentes. En segundo término, nombrar con claridad las injusticias padecidas, incluso cuando esas injusticias se ejercieron en nombre de la religión, del orden público o de una supuesta unidad nacional. Finalmente, exigir que la igualdad no permanezca en el terreno del eslogan, sino que se traduzca en una práctica efectiva de ciudadanía.
Esta triple tarea da al conjunto un tono singular. No se trata de una memoria resentida, pero tampoco complaciente. No escribe contra nadie, aunque tampoco escribe para tranquilizar conciencias. Reconoce los avances, pero no los absolutiza. Valora el papel de las instituciones, pero no olvida que toda institución corre el riesgo de burocratizarse, de administrarse a sí misma o de confundir representación con autocomplacencia.
Tal vez por eso la historia de la CDE y de FEREDE no deba ser leída únicamente como una historia interna del protestantismo español. Pertenece también a la historia moral de España. Porque una democracia no se prueba solo por la amplitud de sus declaraciones, sino por la forma concreta en que trata a las minorías. Allí donde el diferente fue marginado, se reveló la insuficiencia ética del sistema. Allí donde comenzó a ser reconocido como ciudadano pleno, se abrió una posibilidad más adulta de convivencia.
En un tiempo como el actual, en el que la libertad religiosa parece a veces un derecho ya asegurado y exento de riesgo, conviene recordar que ningún derecho sobrevive sin memoria, sin instituciones que lo custodien y sin ciudadanos dispuestos a defenderlo. La experiencia evangélica española ofrece precisamente esa lección. No es solo una historia de resistencia. Es también una historia de organización, de paciencia, de inteligencia práctica y de esperanza.
La doble efeméride que hoy se recuerda tiene, por tanto, un valor que va más allá del ámbito confesional. Obliga a preguntarse qué ha aprendido España de su propio pasado religioso, qué desigualdades han sido realmente corregidas y cuáles persisten bajo formas más sutiles. Invita también a examinar si la libertad de conciencia es asumida como principio firme de convivencia o si sigue siendo tolerada con distintos grados de reserva según la posición histórica de cada confesión.
Si de algo sirve una conmemoración así, ha de ser precisamente para eso: para que la memoria institucional no se convierta en propaganda de sí misma, sino en conciencia crítica. Para que la gratitud hacia quienes resistieron no oscurezca la lucidez necesaria para ver lo que todavía falta. Y para que la historia de quienes durante tanto tiempo fueron considerados ajenos o secundarios sea reconocida, de una vez, como parte legítima y reveladora de la historia común.
La historia de la Comisión de Defensa Evangélica y de FEREDE no pertenece, en último término, solo a las iglesias evangélicas. Pertenece a todos aquellos que entienden que la justicia de una sociedad se mide, entre otras cosas, por la dignidad real que concede a quienes creen distinto. En ese sentido, esta memoria no mira solo al pasado. Interroga también al presente. Y obliga a medir la calidad moral de nuestra convivencia.
