Posted On 19/06/2013 By In Opinión With 3152 Views

Política y nuevo régimen constitucional de las iglesias. Mentalidades, discursos, acciones (1995)

El actual es un marco legal posible y no el de todos deseable, pues éste no es factible dada la diversidad de intereses que componen las instancias de poder de toda la sociedad. Pocos pueden considerarse plenamente satisfechos con el marco legal reformado: unos, porque habiendo participado en la elaboración del proyecto, no prosperaron todos sus puntos de vista; otros, porque habiendo intervenido en el proceso legislativo, no tuvieron elementos ni tiempo para un mejor aporte, además de la presión disciplinaria ejercida sobre el partido mayoritario que aceleró los tiempos de aprobación de las enmiendas y elaboraciones de ley; otros más, porque habiendo expresado su parecer en los medios impresos, carecieron de fuerza social para influir en la toma de decisiones, y, las más, las mayorías, porque habiendo sido informadas de un proceso que las afectaba ni fueron invitadas a debatir e influir en los alcances de la reforma, ni tuvieron la fuerza suficiente para hacerse partícipes.[1] (Rodoolfo Casillas R.)

Introducción

Al cumplirse tres años de las reformas constitucionales que permitieron el reconocimiento de las iglesias en México, se han ensayado varios balances desde diferentes niveles y perspectivas. Los primeros, procedentes de las cúpulas católicas, oscilan entre el triunfalismo y las severas dudas de su funcionalidad. Otros análisis, esbozados desde ambientes académicos, también señalan muchas contradicciones y deficiencias en la puesta en práctica de dichos cambios.[2] La mirada oficial, por su parte, y sobre todo en el régimen zedillista, ya no ubica dichas transformaciones dentro del marco de la tan mencionada modernización salinista, sino que más bien, y sobre todo a partir de los conflictos en Chiapas, manifiesta un cierto aire de lamentación por haber cedido a las iglesias un espacio de acción que no se previó en su momento. Ciertos círculos periodísticos, por su parte, no dejan de hablar superficialmente acerca de los males que ha ocasionado esa nueva legislación en el comportamiento de los grupos religiosos. Incluso, algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han llegado a plantear la necesidad de revisar los cambios y, si fuera necesario, dar marcha atrás en lo que estipulan. Los masones se han quedado francamente rezagados.

Ante tal variedad de apreciaciones no debería pasarse por alto que, por encima de dichos pronunciamientos, vale la pena detenerse a observar, así sea sucintamente, la fenomenología propiciada por esos cambios constitucionales en la vida de las iglesias, particularmente en las evangélicas, las cuales, hay que recordar, no fueron las principales interesadas en ser reconocidas como asociaciones constituidas. Además, ante la creciente derechización del país, caracterizada por el aumento de la influencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la vida nacional, por medio de sus triunfos en gubernaturas y en municipios, la manera de enfocar el asunto adquiere una dimensión nueva, estrictamente inédita en la época moderna del país, por cuanto era impensable hace por lo menos quince años que un grupo de evangélicos pensara seriamente en la posibilidad de organizarse como partido político regional. Las costumbres episcopales en su trato con el poder no han variado mucho, aunque el peso específico del catolicismo en la vida nacional haya disminuido. El caso es que este proceso de derechización coincide más bien con una laicización de la aplicación de los esquemas católicos tradicionales. Esto es posible advertirlo en las decisiones de los ayuntamientos panistas de Mérida, Monterrey y Guadalajara, acerca de la vida cultural de esas ciudades, y de las mojigaterías del gobernador interino de Guanajuato. Más recientemente, en la asunción de Norberto Rivera Carrera como arzobispo primado de México, la presencia de los gobernadores de Puebla y de Durango, son evidencias del mismo proceso.

Desde la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el inicio del conflicto armado en Chiapas, no pasa un día sin que el elemento religioso salga a colación en casi todos los medios. La interminable y dudosa investigación de dicho crimen y el involucramiento directo del obispo de San Cristóbal en las negociaciones por la paz han marcado estos tiempos de una manera peculiar. La reciente expulsión de tres sacerdotes de dicha diócesis no puede ser leída más que como un intento político del régimen actual por subordinar y controlar a un núcleo católico que no ha sido sometido ni siquiera por el Vaticano a pesar de sus múltiples intentos. Girolamo Prigione, flamante embajador del Vaticano, ni siquiera ligeramente cuestionó el abuso de autoridad de que estos religiosos fueron objeto, porque dicho acto se inscribió en una línea de la que él participa.

Las iglesias evangélicas, por su parte, engolosinadas con sus tibios proyectos de expansión numérica y con sus tenues pronunciamientos sobre la necesidad de adecuar las leyes a las nuevas realidades nacionales, poco a poco tuvieron que esforzarse en pensar seriamente acerca de las posibles consecuencias de un cambio en la legislatura del país. Por ejemplo, en febrero de 1991, en las instalaciones del Seminario Teológico Presbiteriano de México tuvo lugar un encuentro de análisis acerca de los artículos referentes a las relaciones Iglesia-Estado. Uno de los participantes, Óscar Moreno Pérez, haciendo gala de un priismo a toda prueba, quiso conducir el hilo principal de la reunión hacia la aceptación acrítica de todo lo que viniera desde el régimen. Ese año habría elecciones para renovar las Cámaras y Salinas de Gortari preparaba sus armas para asaltar el control de las mismas, después de los bochornosos sucesos de julio de 1988: necesitaba un congreso arrodillado para poder, en la segunda mitad de su sexenio, aplicar las reformas modernizadoras que sintonizaran con sus intenciones de mantener la hegemonía de su grupo político hasta comienzos del siglo venidero. Los impulsos neoliberales encaminados al adelgazamiento del Estado y a la formalización del Tratado de Libre Comercio exigían cambios fundamentales en las áreas económica, agrícola, educativa y también en la cuestión religiosa, que se fueron dando sistemáticamente. Ya con las reformas constitucionales en marcha, varios organismos eclesiásticos trataron de reaccionar, unos con mayor fuerza y claridad que otros. Uno de los eventos más relevantes en este sentido fue el Encuentro Iglesias y Sociedad Mexicana, Relaciones Estado-Iglesia, llevado a cabo en enero de 1992.[3]

Cuando apareció publicada la nueva Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de julio de 1992, la suerte de las iglesias estaba echada: ahora tendrían que acomodarse a una nueva forma de actuación social. Contra la costumbre de los grupos protestantes, habituados al silencio y la pasividad, las nuevas condiciones jurídicas les exigirían formas impredecibles de respuesta y de expresión de sus proyectos. A continuación se harán algunas breves observaciones sobre lo sucedido en estos tres años en el campo religioso protestante.

1. Las mentalidades: del apoliticismo consuetudinario y dualista al protagonismo coyuntural

Carlos Mondragón ha llevado a cabo uno de los mejores esbozos acerca de la evolución de las actitudes de los evangélicos mexicanos hacia la política.[4] Partiendo del desarrollo histórico de los protestantismos mexicanos en la vida del país, llega a la conclusión de que, efectivamente, el desapego por un protagonismo real y eficaz en la situación social se contradice ampliamente con los impulsos que durante la época de la Revolución se dieron en las iglesias históricas. Señala:

El nivel de participación política de los evangélicos no ha sido el mismo en los diferentes momentos de la historia de México. Después de la década de los cuarenta se nota una disminución de la presencia protestante en la vida política mexicana. Este hecho está todavía por explicarse más ampliamente. Por el momento, un historiador como Bastian propone que esto se debió, entre otras cosas, a la pérdida de las escuelas protestantes y su pedagogía, así como al abandono de la herencia liberal-radical. Yo agregaría a esto la pérdida, también, de una teología evangélica que concebía la salvación del ser humano como un hecho integral, que no separaba las necesidades espirituales y materiales de la población.[5]

Este dualismo tan arraigado en la mentalidad evangélica ha contribuido grandemente al letargo social, el cual ahora parece ser sustituido por un protagonismo coyuntural muy ingenuo, que puede desembocar en el uso de los núcleos protestantes para beneficio de ciertas oligarquías, cuyos reacomodos se tratarán de señalar líneas abajo. Las “jerarquías amorfas” de las que hablaba Bastian se han ido conformando en estos tres años de una manera impredecible y errática hasta llegar a fortalecer nuevas formas de caciquismo religioso y político. El mismo Mondragón se refería a estas dificultades inéditas, aun desde antes que se dieran los cambios constitucionales: “El mayor peligro para su inexperiencia política está dado por aquellos que empiezan a ver en los evangélicos una potencial clientela política y electoral”.[6] Este peligro recuerda lo sucedido en Perú, cuando Alberto Fujimori, incorporó a varios líderes evangélicos a su movimiento, Cambio 90, y quienes, como uno de los vicepresidentes, Carlos García, a la hora del autogolpe de estado, terminaron muy mal ubicados. Bastian, al analizar brevemente este episodio, cita al corresponmsal del Washington Post en Lima, quien afirmó: “Mientras que el novelista Vargas Llosa se dirigía a un público anónimo, Fujimori entraba silenciosamente en contacto con otros sectores, aprovechando el ejército gratuito de los evangélicos para difundir su mensaje aun en valles muy lejanos y en barriadas polvorientas de reciente formación”.[7]

Otra perspectiva, sin embargo, mucho más favorable en muchos sentidos para el reajuste necesario de la mentalidad evangélica en cuestión política, lo ha proporcionado Roberto Blancarte con sus observaciones acerca de los efectos de los cambios en la legislación. En un artículo aparecido a principios de 1994, advertía:

Cuando las Iglesias, y sobre todo la católica por ser la mayoritaria, han pretendido intervenir en la sociedad como factor de poder, los resultados han sido muy nocivos tanto para la Iglesia como para el conjunto de la sociedad. Por el contrario, cuando en nuestra historia las Iglesias han intervenido como instituciones proféticas, es decir liberadoras, y han hecho contrapeso al poder absoluto y muchas veces autoritario, los resultados han sido positivos para la sociedad y para las Iglesias mismas.[8]

Resultaría muy sencillo aplicar lo anterior únicamente al catolicismo, debido a su peso específico en la historia del país, pero no deberíamos olvidar la antigua solidaridad evangélica con la lucha revolucionaria de principios de siglo, a través de la cual, los protestantismos mexicanos hicieron sentir su valor como fuerza ideológica minoritaria. Si bien, como insistía Gonzalo Báez-Camargo, dicha participación no tuvo un carácter corporativo,[9] eso no dejó de ponerlos en riesgo al apoyar una lucha que los puso decididamente del lado de la disidencia socio-política. Por ello, ante la coyuntura política actual, es preciso preguntarse si existe una alternativa sólida que sin caer en el corporativismo, permita que las bases evangélicas abandonen de una vez por todas su oficialismo prevaleciente. Blancarte, al intentar hacer un balance de los dos años de los cambios, le dedicó las siguientes líneas a la problemática específicamente protestante:

Las Iglesias protestantes históricas continúan cultivando su alianza implícita con el Estado mexicano. Pero al mismo tiempo, dichas iglesias se ven rebasadas por los acontecimientos sociales, debido entre otras cuestiones a la escasez de cuadros preparados e intelectuales orgánicos, lo que lleva a poca claridad del momento y a un bajo sentido de la oportunidad. La nueva legislación las obliga a replantearse su mismo papel como actores sociales, pero se encuentran incapacitadas para dar respuesta a la situación emergente. De ahí que se enfrasquen permanentemente en conflictos internos de representatividad y olviden cuestionarse acerca del nuevo papel social que las circunstancias nacionales les exigen.[10]

Estas luchas internas por la representatividad las protagonizan políticos improvisados que se ven de repente llevados por la marea de las circunstancias a situaciones en las que tienen que expresar, con la típica mentalidad evangelical, carente de coordenadas políticas adecuadas, la perspectiva de grupos enteros. Es el caso, patético, de Alberto Montalvo, quien en una entrevista ampliamente difundida, y en el fragor de los inicios de la rebelión zapatista en Chiapas, atacó al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz y a la teología de la liberación como detonantes de “la impartición de la justicia a través de las armas, de la violencia”, además de defender al Estado, criticando la labor de intermediación del obispo de San Cristóbal, cuya participación, según él, “debilita al Estado y lo presenta como inepto para atender sus tareas”.[11] Esta cuasi-idolatría del Estado, de creer que no se equivoca nunca, de suponer que patriotismo debe ser sinónimo de gobiernismo a ultranza, permea indudablemente las actitudes socio-políticas de los protestantes mexicanos. Hace falta poner en práctica una ética política cristiana eficaz que proceda de una efectiva articulación entre las verdades del Evangelio y las realidades de la conflictividad social. Como recordaba Carlos Ramírez al citar a Max Weber: “También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el Diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando”.[12]

2. Los discursos: del priísmo acrítico al politicismo beligerante

El Comité Nacional Evangélico de Defensa, con su clásico mitin anual del 21 de marzo, había monopolizado durante décadas la verbalización protestante en relación con el poder. Cada año el acto vespertino revestía el carácter de eco de la celebración matutina oficial, aderezada por supuesto con los excesos evangelísticos de los propagandistas de ocasión, que siguen convirtiendo a la Alameda Central en el espacio evangélico más vociferante de la ciudad. Pero, paulatinamente, esa organización empezó a ser rebasada en su representatividad. En 1992 se dio el primer conflicto, cuando los organizadores de la campaña del evangelista de masas Luis Palau, traído ex profeso a la capital para apuntalar los embates reformistas de la Constitución, trataron de apropiarse del acto, buscando que dicho orador participara en el mismo. Las discusiones entre los dirigentes tuvieron muy en cuenta el hecho de que, por un lado, las reformas aún no se habían formalizado por completo y si alguien como Palau, extranjero, tomaba la palabra en el mitin, eso sería un atentado contra la supuesta obediencia evangélica a los artículos constitucionales, tal como se mantenían desde mucho tiempo atrás. Lo cual no impidió que las masas evangélicas, bien azuzadas, gritaran consignas del tipo de “¡Salinas, amigo/ Cristo está contigo!”.[13] Al término de ese régimen y después de padecer otro colapso económico fruto de las medidas neoliberales que se han impuesto en casi todos los países de la zona, un discurso semejante no vendría a ser más que la manifestación de una sutil complicidad con un sistema que sigue controlando a la nación. Además, la profesión pública de fe en el neoliberalismo del nuevo régimen nos presenta a un Roboam en el poder que no ha tratado de aligerar la carga que dejó el Salomón sexenal sobre las espaldas del pueblo.

Un buen signo de mejoría en la comprensión de la actuación del Estado y sus representantes ha sido el hecho sin precedentes de solicitar que se investigue a los culpables del colapso económico, ya que si esa administración “no tuvo el valor de encarar con la verdad al pueblo”, lo único razonable es “la aplicación de la justicia”. Asimismo, se le recriminó a los legisladores la obtención de un importante aumento en sus salarios, justo antes de la devaluación.[14] Otro caso de reacción poco habitual fue, en los últimos días, el señalamiento de la necesidad de que Rubén Figueroa Jr. renuncie a su cargo a causa de las masacres que han asolado al estado de Guerrero, responsabilizándolo además por el clima de violencia que se vive allí.[15] Este nuevo discurso contrastaba con el entreguismo habitual que han manejado las cúpulas evangélicas durante tantos años. Un episodio de este tipo, entre muchos, lo constituyó el desplegado de apoyo al ejército que suscribieron una buena cantidad de líderes evangélicos. Los militares y otros funcionarios habían sido involucrados con el narcotráfico por Héctor González Martínez, obispo coadjutor de la arquidiócesis de Oaxaca. En dicho desplegado se afirmaba que “reconocemos y apreciamos el interés que ustedes [las fuerzas armadas] realizan y animan esfuerzos contra el cáncer del narcotráfico. En esta lucha el Estado mexicano, así como las instituciones armadas de nuestro país cuentan con el apoyo incondicional de las iglesias que representamos”.[16] Obviamente, habría más mesura, cuando ante el estallido chiapaneco, estos mismos dirigentes no se refirieron jamás a los excesos del ejército en su manejo de la situación, como fue el caso de las mujeres indígenas violadas por algunos de ellos.

Este viraje en los discursos de relación con el poder, aunque paulatino y en ocasiones errático, no deja de entrever la posibilidad de recuperar un lenguaje profético auténtico, que se deslinde de los usos y abusos del poder, porque la alianza y cercanía con él no dejan de traducir un alto riesgo de desactivación del fermento de cambio que deben de encarnar nuestras iglesias.

 

3. Las acciones: del corporativismo a la atomización de las representaciones

Líneas arriba se ha aludido a la lucha por la nueva representación evangélica, que, dicho sea de paso, ha sufrido una metamorfosis sumamente lógica en los últimos años: los viejos líderes laicos de las iglesias históricas, por lo general abogados o militares, que a través del Comité Evangélico de Defensa habían dado la cara ante el gobierno, empezaron a ser sustituidos por pastores o laicos de grupos más nuevos. Estos dirigentes espontáneos, habiendo alcanzado un cierto reconocimiento en el interior de sus denominaciones, se lanzaron a la búsqueda de la representación global de todos los evangélcos. El intento más antiguo, naturalmente, era el de Conemex, un organismo creado a principios de los ochenta, que a través de su relación con Conela y con el liderazgo del pastor presbiteriano Marcelino Ortiz, buscó distraer la atención de las iglesias para no relacionarse directamente con el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que también se constituyó por aquella época. La situación fue tan extrema que uno de los primeros dirigentes de Conemex, Teófilo Aguillón, era un pastor radicado en el sur de los Estados Unidos.

Así, empezaron a surgir nombres, organismos y siglas que manifestaban la creciente atomización de los núcleos evangélicos, precisamente en el momento que el marco constitucional para las iglesias estaba a punto de cambiar. El terreno había sido abonado por el mesianismo de Jonás Flores, el viejo priísta nayarita que se lucraba en las iglesias con sus cursos sobre la legislación religiosa, mientras trataba de volver a figurar en el seno de su partido. Fue primero Alberto Montalvo, quien a través de su Foro Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Fonice), pretendió aglutinar bajo ese membrete a las representaciones superficiales que pudo contactar en el transcurso de una semana con el fin de formar un frente común que permitiera comprender, primero, los alcances de los cambios, y proponer, después, algunos lineamientos que se adecuaran mejor a las características de los grupos evangélicos. En este primer impulso, las iglesias, apresuradamente, sintieron que efectivamente se necesitaba la creación de un bloque sólido de representación que respondiera a las exigencias del momento. Sólo las iglesias metodista, bautista y presbiteriana, que un poco antes de esta coyuntura se habían apersonado con la Presidencia para marcar distancias de otros movimientos,[17] tomaron las cosas con más escepticismo, y con una confianza extremadamente sospechosa, pues debido a su carácter de iglesias “históricas”, consideraban que el sistema no las tocaría negativamente, debido a que ellas habían “acompañado” a la familia revolucionaria en sus proyectos y realizaciones nacionales. Además, subrayaron que sus ministros de culto “jamás intervienen en política, ni tratan de influir en favor ni en contra de cualquier corriente ideológica”.[18] El protagonismo y la megalomanía de Montalvo pudieron más que los buenos proyectos que pudieron concretarse como las reuniones llevadas a cabo para profundizar en el conocimiento de los artículos correspondientes y de las posibles disposiciones fiscales, producto de la Ley Reglamentaria del nuevo artículo 130 y sus complementarios. Sus excesos verbales relacionados con las cifras de evangélicos en México, que según él rebasaban los 14 millones, obviamente sin documentar sus datos, no fueron más que desplantes que desconcertaron a la opinión pública y a los mismos evangélicos, y que influyeron en la creación de la clásica metáfora prigioniana que comparaba al catolicismo con el elefante y a las “sectas” con los ratones. Sin embargo, en otra entrevista, matizó bastante sus apreciaciones, al ser cuestionado acerca de la participación política de las iglesias, aunque sin evitar cierto cantinflismo. En esa ocasión dijo: “La función de las iglesias, en este momento, no es tanto política sino social, sin embargo, sabemos que el aspecto social abarca la religión, la política y otros estratos del Estado, pero no necesariamente la política abarca toda la sociedad, ni la religión abarca toda la sociedad. Esto quiere decir que cuando la sociedad recibe el mensaje de las iglesias, éstas afectan el ámbito político”.[19] Recientemente, y ya con la urgencia de los registros, Montalvo cambió el nombre de su organismo por el de Fraternidad Internacional de Ministerios.

Más tarde aparecería Arturo Farela dirigiendo a la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, quien con un lenguaje todavía más agresivo, pretendía representar más ampliamente a los protestantes mexicanos. El tono de sus declaraciones, y la contaminación de sus afirmaciones políticas con la típica verborrea espiritualizante, lo descalificó muy pronto en la disputa por la representación unitaria de las iglesias. Entrevistado también por El Nacional, mostró además que había avanzado en su comprensión de la situación, aunque no dejó de hacer alarde de las cifras de evangélicos en aumento, que según él son ya cerca de 20 millones en México.[20] Con Conemex, por su parte, sucedió un fenómeno peculiar, especialmente desde que Juan Isáis lo dirige: habiéndose reservado en un principio en su actuación, como si esperara el curso de los hechos para manifestarse, consiguió un registro como asociación religiosa a todas luces espurio, dado que no cumple los requerimientos legales para constituirse como tal,[21] y a partir de eso, con el registro en la mano ha pretendido hablar con una representación plena, la cual, obviamente, tampoco tiene.

Un punto intermedio en esta búsqueda por clarificar las representaciones de los evangélicos del país han sido tres esfuerzos: el primero, mencionado líneas atrás, la comisión que surgió para canalizar los ímpetus pacifistas en relación con Chiapas, que dependió demasiado del destino político de Manuel Camacho Solís.[22] El segundo fueron las reuniones y conferencias de prensa conjuntas entre Conemex, Fonice, Confraternice y el Comité Nacional Evangélico de Defensa, que se unificaron básicamente en torno al problema de las expulsiones de indígenas. En esas oportunidades se trató de conformar un frente común de defensa de los derechos humanos de los evangélicos en Chiapas. El tercer intento fue la creación de un Secretariado interevangélico de Comunicación Social, presidido por Abner López, el cual tuvo un trato muy estrecho con Esteban Moctezuma, el nuevo secretario de Gobernación, de cuyo destino político también pareció depender bastante. Este nuevo organismo al menos ha consolidado un foro de expresión constante, que ha tratado de tomar el pulso de la vida nacional, reaccionando lo más pronto posible ante cualquier eventualidad. Las cosas, no obstante, se han llegado a poner tensas ante la determinación de algunos núcleos evangélicos de Chiapas de agruparse en una organización política que busque el poder y/o la representación popular en el congreso de dicha entidad, en vista de que los partidos políticos actuales no canalizan ya las inquietudes y las necesidades de la población, amén de que no ofrecen “honestidad, prosperidad y confianza”.[23] Este tema ha dividido las opiniones a tal grado que, Conemex, por ejemplo, en un principio vio con simpatía la propuesta, pero luego dio marcha atrás. La base de este proyecto fue la ponencia presentada por Adolfo García de la Sienra (“La acción política cristiana ante la situaciòn actual de Chiapas”),[24] asesor jurídico de Confraternice, organismo que sigue promoviéndolo insistentemente. El secretariado evangélico de comunicación social se ha opuesto terminantemente.[25]

Asunto aparte es el de los políticos priistas evangélicos. Con las reformas cocinadas por el partido mayoritario, y a través del engaño que representó la supuesta consideración de los proyectos de otros partidos, intempestivamente varias iglesias presentaron, al vapor, sus respectivos proyectos de reformas. Los diputados evangélicos priistas, a su vez, cabildeaban a su modo a los espontáneos representantes de las iglesias que sentían una felicidad inmensa al pisar los recintos parlamentarios por primera vez en su vida, con la convicción de que su importancia espiritual era lo que les permitía ser convocados. Un caso grotesco fue el de Porfirio Montero, diputado por Oaxaca, quien en una reunión coordinada por Everardo Gámiz y José Antonio González Fernández, trató de asegurarles a éstos últimos el apoyo irrestricto de todos los evangélicos a las reformas en marcha. No conforme con ello, intentó canalizar un proyecto político en torno a su persona, eso sí, con el ingrediente religioso en primer plano, basado en su “impactante” conversión a Jesucristo. De María de los Ángeles Moreno, ni hablar: el nulo reconocimiento público de su filiación religiosa coincide con su apego incondicional a la línea política de Salinas de Gortari, su padrino y promotor.

Conclusiones. Nuevo país, nuevos protestantismos

México, efectivamente, ha cambiado y, en rigor, demanda un nuevo protestantismo, es decir, una cristiandad reformada en continua reforma que protagonice su misión evangélica y evangelizadora como un auténtico fermento de la vida social en todos sus niveles. Desgraciadamente, las categorías de pensamiento y de praxis que predominan, impiden canalizar las energías de los integrantes de las iglesias de la mejor manera. Una urgencia tan grande como lo es la democratización real de la vida nacional, no cuenta con el apoyo y la promoción de las iglesias evangélicas. Esto debido a que en primer lugar ellas tendrían que democratizarse en su vida propia. El pueblo evangélico no caracteriza, pues, a la democracia como un artículo de primera necesidad. El régimen actual al seguir posponiendo indefinidamente la tan cacareada “reforma política”, continúa con sus vicios y su falta de respeto a la voluntad popular. El desaliento causado por las elecciones de 1994, catapultado por la crisis sin freno que agobia al país, ha creado un ambiente de inseguridad en muchos niveles. En un trabajo muy reciente, Rubén Ruiz Guerra analiza a las iglesias metodista, bautista y presbiteriana en su práctica o no-práctica de la democracia. Su apreciación global del interior de estas iglesias es muy favorable, aunque no deja de reconocer que hacia el exterior la proyección política que ofrecen es casi nula:

Si bien al interior de estas iglesias existe una estructura democrática y una práctica que, con todas sus limitaciones, intenta serlo, la democracia, en el sentido más amplio del término, no parece ser su principal preocupación social. El “apoliticismo” ha sido considerado característico de estos grupos. No es práctica generalizada, entonces, que al interior de estos grupos se reflexiones y se trabaje abiertamente por el establecimiento o el desarrollo pleno de la “democracia”.[26]

Milan Opocensky, secretario general de la Alianza Reformada Mundial, al opinar sobre la situación actual de México, señaló que la iglesia presbiteriana tiene una gran responsabilidad en la democratización del país.[27] De modo similar podrían señalarse otras necesidades sociales que, si bien las iglesias no pueden cubrir por sí solas, es posible que contribuyan con sus instrumentos característicos para tales fines. Las armas espirituales requieren mostrar su validez y eficacia en el mundo de lo real. El ejercicio de las responsabilidades políticas no puede darse adecuadamente en el marco estrecho de una visión dualista y catastrofista del mundo. Los protestantes no podemos dejar de ver, incluso a ese territorio tan movedizo, como un espacio más de la manifestación permanente de la soberanía de Dios. Es preciso que se ajusten en ese rumbo nuestras mentalidades, discursos y acciones.

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[1] R. Casillas, “¿En qué momento nos cambiaron la historia? A propósito de la nueva legalidad religiosa en México”, en Perfiles Latinoamericanos, año 2, núm. 2, junio de 1993, pp. 100-101.

[2] El programa televisivo “Nexos” del 13 de abril de 1995, en el que participaron Manuel Canto, Manuel Olimón, Carlos Martínez García y Bernardo Barranco, estuvo dedicado a evaluar la situación actual luego de los cambios constitucionales. Cf. “Intolerancia y abuso doctrinario frenan el reencuentro de las iglesias con la sociedad”, en El Nacional, 14 de abril de 1995, p. 12.

[3] Las ponencias fueron recogidas en el volumen Las iglesias evangélicas y el estado mexicano. México, CUPSA, abril de 1992. En 1993 se llevó a cabo otro encuentro similar sobre la cuestión cultural, y en 1994, un tercero sobre la coyuntura electoral.

[4] C. Mondragón, “México: De la militancia revolucionaria al letargo social”, en C. René Padilla, ed., De la marginación al compromiso. Los evangélicos y la política en América Latina. Buenos Aires-Quito, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1991, pp. 61-76.

[5] Ibid, p. 75.

[6] Ibid, p. 76. En el mismo tono se expresaba Carlos Martínez García al referirse a la falta “de tablas” que demostraron los líderes evangélicos al ser invitados por primera vez a un informe presidencial. En particular se refirió a la falta de acercamiento a la prensa. También, Luis Vázquez Buenfil tocó este tema, irónicamente, en su crónica de uno de los primeros desayunos de los dirigentes evangélicos con Salinas de Gortari, “Crónica de una hora que hizo historia”, El Faro, mayo-junio 1993, pp. 74-79.

[7] J.-P. Bastian, Protestantismos y modernidad latinoamericana. México, FCE, 1994, p. 275.

[8] R. Blancarte, “Las iglesias como factor de poder”, en La Jornada, 21 de febrero de 1994, p. 5.

[9] G. Báez-Camargo, “Los protestantes en la Revolución Mexicana”, en Estudios Ecuménicos, No. 11, 1971, p. 15, cit. por C. Mondragón, op. cit., p. 75.

[10] R. Blancarte, “Estado-Iglesia: Un balance a dos años de la nueva relación”, en Este País, núm. 38, mayo de 1994, p. 5.

[11] Proceso, núm. 898, 17 de enero de 1994, p. 27. Un día después, el comisionado gubernamental para la Paz y la Reconciliación se había citado en la Iglesia “Príncipe de Paz” con una comisión evangélica que se formó para tratar de responder a la crítica situación chiapaneca. Finalmente, Camacho Solís no asistió y la reunión se pospuso hasta el 26 del mismo mes.

[12] C. Ramírez, en El Financiero, 3 de abril de 1994, p. 17. La cita proviene de El político y el científico.

[13] Cf. la carta aparecida en Iglesias, No. 100, mayo de 1992, pp. 33-34, que denuncia la lucha cupular por el monopolio de la representación evangélica y el gobiernismo exagerado de las cúpulas evangélicas, que firmaron varios pastores presbiterianos.

[14] Declaraciones de Abner López Pérez y Neftalí Bello recogidas por Salvador Guerrero Chiprés en La Jornada, 10 de enero de 1995, p. 6.

[15] Nota de Jesús Aranda y Laura Gómez, en La Jornada, 8 de julio de 1995, p. 10.

[16] Unomásuno, 30 de junio de 1993.

[17] Cf. El Faro, marzo-abril de 1990, pp. 48-52.

[18] Ibid, p. 50.

[19] Jaime Balderas Alarcón, “Las iglesias evangélicas son un orientador de la sociedad mexicana”, en El Nacional, 5 de marzo de 1995, p. 3.

[20] Francisco Reynoso, “Retroceder y volver al amasiato y la simulaciòn con el gobierno sería desastroso”, en El Nacional, 16 de julio de 1995, p. 3.

[21] Cf. La Biblia en México, Vol. 10, Año 8, No. 1, enero-marzo de 1994. En dicho número se recoge el discurso de Nicéforo Guerrero, Director General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, con motivo de la entrega del abanderamiento y entrega del certificado constitutivo de Conemex, en el que, luego de hacer un favorable recuento histórico del protestantismo mexicano, afirmó: “El Estado reconoce que con la idea de la pluralidad religiosa, en México se pone fin a la idea de iglesia dominante y reconoce la existencia en igualdad de todas las asociaciones religiosas, ya que en México se vive en un Estado de Derecho en donde la ley es la esencia de todas las transformaciones”.

[22] Cf. Jesús Aranda, “Pide Camacho respeto al papel de las Iglesias en el conflicto chiapaneco”, en La Jornada, 27 de enero de 1994, p. 3.

[23] Guadalupe Báez, “Estudia la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas formar un partido”, en Unomásuno, 2 de junio de 1995, p. 4. El debate se ha prolongado bastante, al menos en la prensa, la cual durante los meses de junio y julio dio cuenta de las opiniones de las autoridades, de legisladores, partidos políticos y dirigentes religiosos.

[24] Elio Henríquez, “La toma del poder, propuesta de evangelistas en Chiapas”, en La Jornada, 27 de mayo de 1995, p. 15.

[25] Cf. José Antonio Román, “Rechazan pastores evangélicos crear un nuevo partido político”, en La Jornada, 8 de junio de 1995, p. 5, y Salvador Guerrero Chiprés, “Reiteran líderes evangélicos que no crearán un partido político”, en La Jornada, 14 de junio de 1995, p. 16.

[26] “Protestantismo y democracia en México. Estudio de tres casos”, en Roberto J. Blancarte, coord., Religión, Iglesias y democracia. México, La Jornada-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades/UNAM, 1995, pp. 236-237.

[27] Entrevista con Luis Vázquez Buenfil, El Faro, julio-agosto de 1995. Cf. también el artículo de Carlos Martínez García, “Iglesias y democracia”, en Unomásuno, 23 de junio de 1994, p. 3.

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